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OPINION: Asesorías Parlamentarias

OPINION: Asesorías Parlamentarias

El tema de las asesorías parlamentarias ha sido abordado desde una perspectiva simplista y, además, de una manera equivocada.

 

Considerando los grandes volúmenes de información disponibles en la actualidad a través de diferentes plataformas, a nadie debiera parecerle extraño que un parlamentario contrate asesorías para obtener antecedentes, datos y criterios en boga sobre los más diversos asuntos que se tratan en la institución parlamentaria.

 

Los llamados “hombres del Renacimiento” que acumulaban grandes cantidades de conocimiento sobre los más diversos temas, fueron desapareciendo a medida que ese mismo conocimiento se ampliaba. Hoy, ninguno de nosotros es un sabio enterado del detalle de todos los temas a los que nos vemos enfrentados. Entonces, las asesorías son estrictamente necesarias para formarse un pensamiento fundado que será necesario al momento de votar.

 

En mi condición de socialista, sostengo un conjunto de convicciones propias de la formación ideológica y política que han conformado mi pensamiento.

 

Por tanto, frente a un tema que estemos tratando en el Senado, recurro a personas que puedan aportar argumentos tanto desde el punto de vista técnico como ideológico, que ayuden a conformar mi posición. Sería curioso –por decir lo menos- que sobre un proyecto de política económica contrate una asesoría del centro de estudios Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI, o que en un tema de bioética y salud pública busque consejo en la Fundación Jaime Guzmán o en alguna ONG cristiana-integrista.

 

Aquí es donde quisiera disentir de las actitudes de la Fiscalía como también en la posición de la Contraloría. Los senadores somos los responsables de contratar, con los recursos que la institución nos otorga, a quienes consideramos calificados para emitir informes y argumentos sobre los asuntos cuya opinión requerimos.

 

Entonces, sólo corresponde a nosotros mismos calificar la calidad de los resultados de las asesorías. Soy yo –y no un fiscal o un funcionario de la Contraloría- quien califica la calidad de los informes. Insisto, no es un fiscal ni un funcionario de la Contraloría quien está habilitado para definir  tal calidad.

 

Por eso también creo que es un exceso lo que está pasando en este asunto. Hay que dimensionar bien el problema. Y por cierto, ponerle atajo. De lo contrario, tal como vamos, resulta que el Fiscal Nacional y sus fiscales subalternos –y eventualmente también el Contralor y sus funcionarios-, estarían pasando a administrar las cosas del Estado, de sus instituciones y de sus empresas.

 

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