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Opinión: Oportunidades para nuevas obras

Opinión: Oportunidades para nuevas obras

Hace algunos días, el Presidente de la República comprometió acelerar el proceso de concesiones de proyectos de infraestructura para el país a razón de US$ 2 mil millones anuales.

Incrementar la inversión en infraestructura por la vía de las concesiones es, sin lugar a dudas, una buena decisión, en tanto permite avanzar en el desarrollo de distintos proyectos a un paso que el Estado no puede garantizar. Las concesiones permiten, a la vez, liberar una importante suma de recursos que pueden, perfectamente, ser redestinados a la concreción de otras obras también necesarias.

La provincia de Osorno presenta, en este contexto, un conjunto de desafíos en materia de infraestructura vial que bien podrían ser asumidos por alguna de estas fórmulas.

No sólo se trata de colocar nuevamente sobre el tapete la ampliación de la Ruta 215 que conecta la ruta 5 con el paso fronterizo Cardenal Samoré –obra más que necesaria para garantizar un mejor flujo turístico y comercial entre Argentina y Chile- sino también de priorizar otras iniciativas de importancia para el desarrollo local y regional, desde los caminos hacia la costa en Río Negro y Purranque hasta la pavimentación de redes de caminos productivos rurales.

Al concesionar grandes obras, existe un margen más amplio para financiar con mayor celeridad otros proyectos, básicamente aquellos relacionados con el mejoramiento de caminos secundarios e intercomunales que, al contar con mejores estándares de calidad, facilitan la conectividad, abren nuevas oportunidades para emprendimientos y mejoran las condiciones de vida en general de la comunidad.

Ahora bien, el impulso a las concesiones de infraestructura debe traer consigo una revisión del conjunto de procedimientos involucrados en el desarrollo de las obras, con la finalidad de precaver situaciones que podrían afectar con el cumplimiento de plazos en la ejecución de éstas.

Por lo general, los retrasos en las construcciones se deben a dos grandes motivos. Uno es la deserción por incapacidad de las empresas que se adjudican la licitación y el otro es la demora en el cumplimiento de procesos internos, como la aplicación de los planes de expropiación o la resolución de situaciones extraordinarias.

El desafío de las instituciones públicas es trabajar a un ritmo más diligente para evitar estas demoras, que implican un perjuicio para el Estado, que pierde recursos, y para la comunidad, que ve con decepción como las obras comprometidas no se materializan.

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