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OPINION: Persiguiendo la pesca ilegal

OPINION: Persiguiendo la pesca ilegal

La pesca ilegal se ha transformado en una de las industrias ilícitas más prósperas del planeta y su operación adquiere cada vez mayor complejidad, lo que hace más difícil su persecución.

La actual Ley de Pesca sanciona la captura con altas multas -muchas veces impagables para pescadores artesanales- pero olvida o deja como figuras residuales a los restantes actores de este proceso ilegal.

Desde el Senado, nos ocupamos de que el proyecto que moderniza y fortalece al Servicio Nacional de Pesca -actualmente en trámite- abordara esta realidad. Hemos buscado cambiar el foco del problema desde quienes extraen hacia quienes procesan, elaboran, almacenan y comercializan los productos, que hasta ahora reciben sanciones bajísimas a pesar de que conforman verdaderas redes delictuales.

La iniciativa plantea sanciones duras para la red que opera en torno a la pesca ilegal, a la vez que establece una serie de resguardos para asegurar la proporcionalidad de las sanciones administrativas.

Contrariamente a lo que algunos afirman, el proyecto despachado desde el Senado al tercer trámite en la Cámara Baja, no busca perjudicar ni menos criminalizar a los pescadores artesanales, sino que crea herramientas para enfrentar las etapas ilegales de las actividades poscaptura.

De esta forma, se rebajan los pisos de las multas, de modo que el juez pueda ponderar las circunstancias en que se produce la infracción.

Se incorporan, como elementos para graduar las multas, el beneficio económico y la capacidad económica del infractor. Un pescador sorprendido con 10 kilos de merluza no puede recibir sanciones similares a una embarcación con 50 o 60 toneladas de pescado.

Se contempla la amonestación si la infracción es la primera y no excede de un 10% del desembarque promedio de la región. O sea, hay una infracción, pero no hay una multa, al revés de lo que ocurre hoy día.

Se permite también el pago de las multas en cuotas, y si el infractor no posee bienes, puede ser sancionado con servicios comunitarios. La reclusión quedará solo para aquellos casos de multas impagas en que el infractor no acepte las alternativas anteriores.

Con esta propuesta, el pescador de Dalcahue que el año pasado estuvo privado de libertad pues no pudo pagar una multa millonaria por no contar con la documentación requerida por la autoridad pesquera, recibiría una sanción muchísimo menor, en directa proporción a la falta y no como ocurre en la actualidad.

 

Hay quienes sostienen que esta legislación perjudica a la gente más modesta. Es al revés, la gente más modesta lo único que exige es que se apliquen sanciones a quien corresponde y no a las personas que trabajan a orillas del mar para su propio consumo.

 

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