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ENTREVISTA “La concesión debe caducarse, la ciudadanía de Osorno no entendería una decisión distinta”

ENTREVISTA “La concesión debe caducarse, la ciudadanía de Osorno no entendería una decisión distinta”

(Entrevista publicada en diarios regionales)

En el sur de Chile el agua es un elemento ineludible tanto en su paisaje como en su identidad: lluvia, ríos, nieve, lagos, mar. No por nada los lagos y los ríos dan nombre a dos de sus regiones.

Pero el agua también puede ser motivo de preocupación o incluso angustia. El agua potable, o más bien su falta, ha sido la causa de una emergencia sanitaria en Osorno con el masivo corte del recurso que afectó a la ciudad debido a la contaminación producida en una planta de la empresa concesionaria del servicio público, Essal. El corte, que se extendió por más de diez días, ha tenido una serie de consecuencias de distinta índole: de lo social a lo administrativo, de lo económico a lo político.

Alguien familiarizado con la ciudad es el senador del Partido Socialista Rabindranath Quinteros, quien tiene una larga vinculación con toda la zona: por una década fue intendente de la Región de Los Lagos y por un tiempo similar fue alcalde de Puerto Montt, antes de ser elegido senador por la misma Región de Los Lagos. En el Senado preside las comisiones de Salud y Pesca.

El senador Quinteros ha seguido de cerca lo que ha pasado en Osorno con la crisis del agua potable (fue uno de los senadores que denunció a Essal a la Justicia). Pero también mantiene su atención puesta en otros temas e instancias legislativas: la elección de gobernadores regionales, la donación de órganos, las reformas a la ley de Isapres y la ley de Pesca, entre otros asuntos.

-¿Qué le parece lo que ha ocurrido con el agua en Osorno?

-Es una situación impresentable e intolerable, que merece que se apliquen las máximas sanciones a la empresa. Pone en entredicho no solo la capacidad de la empresa para prestar el servicio, sino que se suma a la frustración que tiene buena parte de la población con la calidad de los servicios que prestan las empresas concesionarias no solo del agua potable. La percepción de abuso es muy grande entre los osorninos y yo creo que también en todo el país.

-Su relación con la zona es antigua. ¿Había sucedido algo similar alguna vez: un corte de un bien básico tan extendido?

-Nunca había ocurrido un hecho de este tipo. En estos años hemos enfrentado aluviones, erupciones volcánicas e inundaciones de gran magnitud, pero nunca un corte de servicios había sido tan prolongado ni causado daños tan importantes como los ocurridos en Osorno. Entiendo que ninguna ciudad de Chile ha sufrido una interrupción de servicios tan prolongada producto de una negligencia de la empresa.

-¿Cómo lo vivió la población en su experiencia cotidiana? Porque, además de la inseguridad de que sea bebestible, salir a recopilar agua con frío no debe ser algo muy cómodo.

-El primer día de la emergencia recorrí las poblaciones de la comuna y pude constatar la insuficiencia de las medidas paliativas. Los estanques eran pocos, y además pequeños. Durante las primeras 48 horas se dispusieron apenas 68 estanques de entre 300 y 500 litros para una población superior a los 160 mil habitantes. Y si bien durante los días siguientes se amplió la cobertura, ni para los adultos mayores ni para nadie es cómodo tener que andar buscando agua en un bidón con temperaturas bajas y con la inseguridad, que sigue presente entre los vecinos al día de hoy, de la calidad del agua que se repartió, sobre todo si el mismo ministro de Salud previó un eventual brote de hepatitis en los próximos días. Esta crisis afectó a todos los osorninos por igual, dañó la economía, socavó las confianzas, puso en riesgo la salud de las personas y alteró la convivencia de la comunidad en general. Los costos no son solo monetarios.

-Hace un par de décadas, cuando se concesionó el agua potable en Chile, usted celebró la iniciativa en la zona. ¿Qué ha cambiado de entonces hasta ahora? Después de todo, usted fue uno de los senadores que denunciaron a Essal a la Justicia por este derrame.

-En 25 años ha cambiado todo. No es el mismo país ni la misma región que a principios de los años 90 requería con urgencia que se habilitaran redes de agua potable y alcantarillado para los miles de viviendas que se construyeron con el propósito de paliar el déficit habitacional heredado de la dictadura. En Los Lagos había más de 80 mil familias sin casa, muchas de ellas viviendo en campamentos, y comunas enteras, como San José de la Mariquina o Quellón, que no tenían sistema de recolección de aguas servidas. Por esas razones y porque el Estado no tenía los recursos para ejecutar obras tan cuantiosas, la idea de concesionar el servicio de agua potable pareció un paso lógico. Pero hoy las ciudades y la sociedad han cambiado y es necesario que también cambien las reglas del juego, con mayores y más severas exigencias para aquellas empresas que administran los servicios básicos, que durante mucho tiempo se acostumbraron solo a ganar dinero sin entregar un servicio de calidad. Eso no puede seguir ocurriendo.

-¿Qué fue lo que falló en cuanto a la concesión?, ¿considera que debería caducarse?

-La concesión debe caducarse. La ciudadanía de Osorno no entendería una decisión distinta. Falló la empresa en todo el proceso de aseguramiento de la calidad del servicio que entrega. No se hicieron las inversiones necesarias, las condiciones laborales no eran las adecuadas, no hubo seguridad en el cuidado de los estanques ni en materias ambientales.

-La Superintendencia conocía desde el año pasado graves problemas en la infraestructura de las plantas de Osorno. ¿Debería también revisarse el estatuto del órgano fiscalizador?

-Falló también la Superintendencia. Los problemas de la empresa no eran clandestinos, sino que estaban a la vista de la más superficial inspección. El ente regulador debe tener capacidad para supervisar todo el proceso y ante una emergencia debe tener también capacidad para definir las medidas a adoptar, pero sobre todo al inicio de la emergencia, solo se limitaba a reproducir los comunicados de la empresa. Es injustificable que en la Superintendencia nadie tuviera la información disponible ni siquiera para advertirle al Presidente de la República que el proceso de restablecimiento del suministro podía fallar.

-¿Se podría haber prevenido el problema de alguna forma?, ¿qué estándares deberían existir de aquí en adelante?

-El tránsito de ejecutivos de las empresas fiscalizadas a los organismos fiscalizadores y viceversa, como ocurre con el superintendente que trabajó para Aguas Andinas, hace que la ciudadanía se cuestione si este fue un problema de capacidad o de voluntad para fiscalizar. Todos estos problemas se podrían haber prevenido con una mejor fiscalización y con una disposición de la empresa por mejorar el estándar de su servicio y cumplir a cabalidad con lo que se le estaba exigiendo. Pero nada de eso ocurrió. Obviamente en adelante deben mejorarse no solo los estándares, sino la fiscalización y todo el proceso de sanciones para aquellas empresas que no cumplan.

-¿Qué consecuencias políticas cree que tendrá todo esto?

-Podrá haber vuelto el agua, pero será más difícil que vuelva la confianza, no solo con la empresa, sino con las autoridades. Hoy, los osorninos desconfían, y con toda razón, sobre la información que entrega la autoridad respecto ya no del restablecimiento del servicio -sobre lo que bastante se mintió-, sino sobre la calidad del agua que se repartió durante la emergencia y la potabilidad del agua que hoy está distribuyendo la sanitaria.

-¿Y tendrá consecuencias, por ejemplo, para la elección de alcaldes en 2020 o la de gobernadores regionales?

-Solo en la medida en que quienes estuvieron en la emergencia y no cumplieron las expectativas de la población se presenten a las elecciones. Me consta el intenso trabajo que desarrolló el municipio, la solidaridad de las comunas vecinas y de algunas empresas de la zona, el rol de los funcionarios públicos y las instituciones que siempre han estado del lado de la gente, como los bomberos. Y también fui testigo del aprovechamiento de algunos actores por figurar.

Más allá de la crisis

-Respecto a los gobernadores regionales, usted es partidario que se elijan el próximo año y no retrasarlo. ¿No existe el peligro que la institución no esté bien configurada y que sería mejor hacerlo bien que rápido?

-Soy partidario de la elección no solo porque profundiza la descentralización, sino que también porque fortalece nuestra democracia. La idea de entregar poder político a las regiones no es bien recibida por todos. Hay quienes siguen siendo tributarios del poder central y otros que no quieren la aparición de nuevos actores en política. El Gobierno podría haber aprovechado mejor el tiempo y redactado los reglamentos necesarios para la puesta en marcha del nuevo sistema.

-¿Qué le parece la idea de terminar con el Sename y cambiarlo por otros servicios?

-El proyecto de división del Sename en dos servicios, uno para niños vulnerados y otro para infractores de ley, viene del gobierno anterior y su avance ha sido lento en el actual Gobierno. Debe haber una transformación profunda de todo el sistema. Sobre la renuncia del fiscal Emilfork no me pronuncio. No estoy de acuerdo con la actitud de algunas autoridades, incluso el jefe de Estado, quien permanentemente califica a jueces y fiscales.

-Usted ha promovido derogar la Ley de Pesca, favoreciendo la pesca artesanal y limitando la industrial. ¿Cuáles son, en resumen, las principales razones?

-Lo que hemos promovido es una modificación sustancial de la Ley de Pesca, que abarque más aspectos que el proyecto inicial de Ley Corta que envió el Ejecutivo, incorporando temas relevantes para la pesca artesanal. Estoy convencido que es la única manera de devolverle legitimidad a la Ley de Pesca aprobada en el primer Gobierno del Presidente Piñera. No podemos limitarnos a modificar el régimen de licitaciones de las licencias de la pesca industrial, sin tocar temas tan importantes como la propiedad de los recursos, el registro pesquero artesanal, la eliminación de la pesca de arrastre, el fortalecimiento del consumo humano y las bases de una plataforma social para la pesca artesanal.

-En cuanto a salud, usted ha criticado el proyecto de reforma a las Isapres porque mantendría una discriminación por edad, siendo que supuestamente se pretendía disminuirla: ¿no lo convencen las rebajas para ciertas edades?

-No son rebajas, sino sobreprecios que se aplican a las personas de mayor edad. Lo que propone el Gobierno es ofrecer descuentos del 50% del precio de la prima de salud a los menores de 25 años, y del 25% a los mayores de dicha edad y menores de 50. Con esta situación, se dará el absurdo que las personas de mayor edad terminarán subsidiando los planes de salud de las personas de menor edad. Por ello, es indispensable avanzar en la eliminación de toda forma de discriminación por parte de las Isapres a las personas, sea por sexo, edad o condiciones de salud.

-Usted también junto al senador Chahuán pidieron hace un tiempo investigar una eventual colusión de las Isapres.

-Lo que se ha solicitado es que la Fiscalía Nacional Económica investigue la existencia de una colusión de las Isapres con ocasión del alza de precios base de los planes de salud. Estamos a la espera del resultado de la investigación. Es relevante – y este es el fondo del asunto – que nuestros sistemas de salud, tanto público como privado, deben funcionar de manera transparente y eficiente, sin aceptar ningún tipo de discriminación ni abusos, como es el caso de las alzas de precio de los planes de salud de las Isapres. Y para ello se utilizarán todas las herramientas que permite la ley.

-La donación de órganos sigue siendo un asunto difícil. ¿Qué mejoras habría que hacer?

-Primero, avanzar hacia un sistema de donante universal, donde todos son donantes, salvo los que se nieguen expresamente a ello. En ese sentido hace unos días la Comisión Salud despachó un proyecto de ley que amplía los donantes vivos hacia más personas, particularmente, los familiares por afinidad como el suegro/a o cuñado/a. Segundo, dotar de más transparencia al sistema de donación, lo que pasa por más información y más sociabilización del tema, para que la familia del fallecido donante no se oponga a esta donación. Tercero, mejorar la infraestructura hospitalaria y sistema de procuramiento de órganos. El reciente y lamentable caso de Temuco, deja en evidencia la debilidad de nuestro sistema.

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