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OPINION: Seguridad ciudadana: la pesada mochila que cargan los municipios

OPINION: Seguridad ciudadana: la pesada mochila que cargan los municipios

 

La seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los chilenos. Por distintas razones, el tema se ha instalado desde hace tiempo ya entre las prioridades de los vecinos, incluso en aquellas comunas que no tienen altos indicadores de hechos delictuales.

La realidad es dispar. Mientras algunos municipios, especialmente en el sector oriente de la región metropolitana, despliegan múltiples acciones, muchas de ellas a elevados costos, otras administraciones, la mayoría en regiones, se esmeran por enfrentar -con ingenio y talento, pero muy poca plata- el desafío de hacer sus comunas más seguras.

Conscientes de la alta sensibilidad de la población frente a este tema, la gran mayoría de los municipios del país lleva ya varios años intentando ofrecer respuestas tranquilizadoras a los temores de la comunidad.

Inspectores uniformados, vehículos de patrullaje, cámaras de televigilancia y hasta drones forman parte de un extenso y creativo repertorio de recursos que, por lo general, tiene directa relación con la cantidad de recursos con que cuenta cada administración comunal.

Históricamente, la seguridad ciudadana no ha formado parte del catálogo de labores de los municipios. El caso es que éstos deben asumir, cada cierto tiempo, nuevas funciones y atribuciones, generalmente sin contar con los recursos adecuados para su financiamiento.

Así, en los últimos 15 o 20 años, los gobiernos locales han debido sumar también la seguridad ciudadana a su ya extensa lista de tareas, en parte porque es una necesidad evidente de la comunidad y en parte también porque existe la percepción de que las policías no están cumpliendo a cabalidad con las demandas de la población.

Según datos de la Asociación de Municipalidades de Chile, casi el 90 por ciento de los gobiernos locales cuenta con una instancia formal en su organigrama para tratar temas de seguridad, un 60% ofrece algún tipo de patrullaje en terreno y un 41% cuentan con vehículos motorizados destinados a esta función.

En algunos casos, el municipio destina recursos propios de su presupuesto para tales fines. En otros echan mano a los exiguos recursos con que instituciones públicas mantienen determinados programas.

En la mayoría de los casos, los alcaldes  postulan proyectos a fondos de financiamiento sectorial o regional, siempre con el riesgo de no obtener los recursos, o de enfrentar la oposición de las fuerzas de orden, que consideran que los municipios se inmiscuyen en una labor que no les es propia.

De hecho, en más de algún caso la Contraloría también ha emitido dictámenes restringiendo el rol del municipio en tales tareas.

Hay detrás de todo esto un problema de enfoque, en el que los roles preventivo y disuasivo se confunden. Los municipios no están para perseguir la delincuencia, pero sí pueden hacer una contribución importante en materia de intervención social para evitar la generación de potenciales focos de inseguridad. Desde esta perspectiva, caben aquí también la recuperación de espacios urbanos, la inserción escolar, el mejoramiento de la iluminación pública, el mantenimiento de áreas verdes, y un largo etcétera.

No son pocos los municipios que ofrecen ejemplos de políticas focalizadas en los que la comunidad se ha involucrado activamente para contribuir a mejorar los espacios de convivencia social. Y ese es otro aspecto que no siempre es correctamente comprendido por las autoridades centrales. Cada comuna es una realidad distinta, por tanto requiere también de estrategias y políticas diferenciadas.

Recién a fines de 2018 ingresó un proyecto del ley que fortalece el rol preventivo de los gobiernos locales, el que sin embargo no ha avanzado en su tramitación pues el Ejecutivo no le ha asignado urgencia.

De partida, es necesario establecer nuevos y mejores mecanismos de distribución de recursos, hacer claridad respecto de los límites y alcances del rol municipal en estas funciones y afinar la coordinación con las policías.

Enfrentar la delincuencia y garantizar la seguridad de la población es una tarea del Estado, su ejecución no puede descansar en aquellos municipios que tangan más recursos o ingenio para desarrollar soluciones. No podemos dejar a solos a nuestros municipios a la hora de cargar con la pesada mochila de la seguridad ciudadana y la prevención del delito.  El problema es todos, y todos debemos contribuir con la solución.

 

 

 

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