La pandemia del desempleo y un gobierno paralizado

Debemos ser, ante todo, sinceros. 2021 no será un buen año en términos económicos para
Chile. Y 2022 tampoco. El gobierno actual terminará su gestión intentando mostrar cifras
positivas, pero éstas no serán más que la suma de eufemismos que apenas esconderán las
señales de la contracción más severa que ha sufrido el país desde la recesión de los años 80.
Basta ver los indicadores de empleo. La tasa de desocupación informada por el INE para el
trimestre móvil septiembre-noviembre de 2020 es de un 10,8%, con un nivel de desocupación
que llega a las 954 mil personas.
No nos engañemos. Ni el sector público ni la empresa privada están creando nuevos empleos,
con suerte sólo están recuperando parte de los puestos de trabajo perdidos en los últimos 12
meses.
Si son empleos de calidad, eso no está claro. La informalidad laboral se expresa en las las
ciudades de todo el país, han proliferado los independientes y las labores parciales con bajos
salarios. De acuerdo a una encuesta realizada en octubre pasado por la Universidad Católica el
41,6% de los hogares declara que sus ingresos totales han disminuido en el último año.

El gobierno llegó tarde y mal a enfrentar la crisis. En vez de mejorar las cosas, las agravó. Y
hoy carga sobre sí el malestar y la incertidumbre de millones de chilenos que han perdido sus
ahorros y empleos, y que miran con pavor que, a 10 meses de crisis, tampoco hay control
sobre la pandemia. Los contagios no bajan y la amenaza del confinamiento -y por ende de un
nuevo o mayor colapso económico- se cierne sobre la mayoría de nuestras comunas.
Y si para este gobierno las cosas están difíciles, para el próximo -sea de la tendencia que sea-
tampoco serán sencillas. El Banco Central estima que recién en 2023 la inversión recuperará
los niveles que exhibía en 2019.
Hace falta una respuesta integral ahora, para minimizar el impacto de los años venideros. Es
prioritario mejorar el IFE, y no solo en las comunas en cuarentena, porque el problema del
desempleo también se está volviendo pandémico. Las Pymes siguen esperando por créditos
con garantías efectivas y postergaciones razonables antes de comenzar a pagar, porque deben
capitalizar y recuperarse tras meses sin funcionar.
Las administraciones comunales, habitualmente relegadas a algún plano secundario a la hora
de la planificación, han jugado un rol de primera importancia y han ratificado su conexión con la
ciudadanía.
A falta de un liderazgo nacional asertivo y unificador, los municipios y sus jefes comunales han
asumido un papel protagónico, generando apoyos a los más necesitados, facilitando el trabajo
a las pymes, abriendo espacios para el desarrollo de actividades de subsistencia, e inyectando
recursos propios a los centros de salud primaria para testear a la comunidad.
Lo han hecho en un periodo en que todas las municipalidades vieron drásticamente reducidos
sus ingresos por conceptos de permisos y patentes. Es necesario restituir esos fondos a los
municipios, porque ellos también están siendo víctimas de la crisis.

Algo similar deberá ocurrir con los gobiernos regionales tras la elección de gobernadores en
abril próximo. Solo una institucionalidad debidamente empoderada, con recursos y
atribuciones, posibilitará una toma de desiciones rápida, efectiva y, claro está, descentralizada
y autónoma.
Pero no habrá recuperación económica si no hay antes recuperación sanitaria. Y para eso es
imprescindible inyectar recursos a la salud, tanto al sistema hospitalario como a la salud
primaria.
Todavía intentábamos contener la primera ola de covid cuando la segunda nos pasó por
encima, incluyendo el ingreso de la nueva cepa del virus. La vacunación será lenta y la
autoridad de salud no puede darse el lujo de sembrar falsas seguridades. La prevención, el
testeo y la trazabilidad siguen siendo prioritarios.
Y aunque al ministro le parezca de mal gusto hablar de dinero en medio de la crisis sanitaria, lo
concreto es que ninguna estrategia va a resultar efectiva si no se invierten recursos en el
personal de salud y en campañas preventivas sencillas, claras y, sobre todo, eficientes. De
nada sirven complejos instructivos que poco aclaran, restricciones que no son fiscalizadas o
prohibiciones que son incumplidas incluso por las altas autoridades del país.

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