El derecho a morir en paz

El sufrimiento personal y familiar ante una enfermedad terminal, la necesidad de
establecer límites a las terapias que no provocan un mejoramiento en la calidad de
vida de los pacientes y, en ultimo término, el derecho a morir dignamente, son
preocupaciones que durante años las personas han mantenido en silencio pero que
hoy, con miles de enfermos en las unidades de cuidados intensivos y cientos de
fallecidos diarios, se han instalado como tema de conversación recurrente, no sólo en la
esfera pública, sino también al interior de cada hogar.
De esos aspectos busca hacerse cargo el proyecto de ley sobre muerte asistida y
cuidados paliativos, hoy en análisis por parte de la comisión de salud del Senado.
Hay acuerdo en la necesidad de considerar, para todas las personas, el derecho a una
muerte digna, con todos los alivios médicos adecuados y los consuelos humanos
posibles.
En este tema no hay dos lecturas: nadie debe sufrir los últimos días de su vida, y
todos tenemos el derecho a morir en paz y sin sufrimientos.
En ese contexto es que se debe garantizar, sin exclusión ni discriminación alguna, las
intervenciones sanitarias integrales necesarias -conocidas como cuidados paliativos-
para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, mediante la prevención
y alivio del sufrimiento a través de la identificación temprana y el tratamiento del
dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales.
Del mismo modo, es necesario legislar sobre el testamento vital o las voluntades
anticipadas. Si hemos de reconocer que la persona puede tomar sus decisiones de
salud sobre la base de información oportuna, suficiente, comprensible, confidencial y
personalizada, debiéramos coincidir en que no existe impedimento alguno para que
este pueda decidir como pasar sus últimos días, lo que incluye renunciar a
tratamientos fútiles, ensañamiento terapéutico, o sufrimientos a los cuales este no
quiere verse expuesto.
De esta manera, la persona tiene el derecho a expresar su voluntad sobre las
atenciones médicas que desea recibir en caso de padecer una enfermedad
irreversible o terminal que le lleve a un estado que le impida expresarse por sí misma.

No basta con la adecuación del esfuerzo terapéutico. Al día de hoy, retirar la terapia o
no iniciar medidas terapéuticas no es una decisión personal del paciente, sino de los
médicos.
En definitiva, es necesario legislar respecto de la muerte asistida y resulta del todo
pertinente reflexionar si aquellas personas que padecen una enfermedad terminal
pueden tener el derecho a poner fin a su vida.
Si asumimos que los roles relevantes de la nueva sociedad a la cual aspiramos se
relacionan con la igualdad, la libertad, la dignidad y la solidaridad, entonces no
debemos ni podemos convertir el derecho a la vida en una obligación, deber o carga.
Por cierto, en esta decisión debemos establecer los más altos estándares no solo
legales, sino también científicos y éticos, que protejan a todos los actores
involucrados en esta difícil decisión, que eviten que se constituya una nueva forma de
discriminación y que se haga cargo de los potenciales riesgos, pero que permitan a las
personas solicitar la asistencia médica para morir.
Desde la comisión de Salud comprendemos que, hoy más que nunca, la participación de
la ciudadanía es determinante en la tramitación de las leyes que rigen nuestra conducta
y convivencia, especialmente en aquellas materias que involucran también una posición
valórica.
Tenemos claro que estamos viviendo momentos de profundos cambios sociales, y nos
asiste la total convicción de que el país debe encaminarse a una reforma integral de la
Salud, la que tendrá sus bases de la nueva Constitución. Pero también sabemos que
que ello no impide avanzar, desde ya, en mayores derechos para las personas. Uno de
ellos es el derecho a optar voluntariamente a recibir asistencia médica con el objeto de
acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable.

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