Gobernadores: inicio de una nueva etapa.

Más que como la culminación de un proceso, la reciente elección de gobernadores regionales debe ser comprendida como el punto de partida para una nueva etapa -todavía extensa y compleja- en la construcción de una descentralización efectiva para nuestros territorios.

En efecto, la figura del gobernador regional no es aún todo lo fuerte que hubiéramos querido y requiere todavía de mayores atribuciones y recursos. Pero su elección e instalación es un punto de inicio adecuado para avanzar en la consolidación de la autonomía regional. 

La otra opción, la que defendían los que prefieren un poder rector centralizado y monolítico, era la de postergar sucesivamente las elecciones a la espera de que las condiciones fuesen ideales. 

Las condiciones, sin embargo, nunca serán ideales. Por eso era necesario dar el paso de elegir al gobernador regional y poner en marcha la nueva institucionalidad. El proceso constituyente de seguro ofrecerá un marco futuro para el desempeño de los gobiernos regionales. Mientras, el trabajo legislativo que estamos desarrollando profundizará el fortalecimiento del rol de las nuevas autoridades. 

Al gobierno nunca terminó de agradarle la idea de los gobernadores regionales, por eso dilató el proceso de traspaso de competencias, por eso insistió en la figura del delegado regional y por eso, también, la ciudadanía se expresó de manera inapelable en las elecciones, entregando la responsabilidad de la gobernación a una inmensa mayoría de candidatos opositores. 

La relación entre gobernador y delegado decantará más temprano que tarde en favor de los primeros, que son los despositarios del mandato popular y poseen por tanto, una fuerza política y una representación territorial indiscutibles.

Es cierto que esta segunda vuelta concitó menor interés entre los electores a nivel nacional. El temor a la pandemia, las cuarentenas vigentes, e incluso ciertos niveles de desinformación respecto del rol de este nuevo actor político, contribuyeron a un escenario de baja participación que no hace sino reforzar la idea de un cambio en el sistema electoral, devolviendo al voto su carácter de obligatorio. No obstante, mientras se mantenga el sistema de voto voluntario, y aunque la abstención sea alta, nadie puede poner en cuestión la legitimidad del proceso.

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